Wednesday, July 22, 2009

Honduras y su más grande temor realizado: La Paradoja de una "Cuba" ultraderecha aislada del resto del mundo

http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/07/090702_video_honduras_micheletti_jmp.shtml

El día en que Micheletti

también “traicionó” a la patria

El jefe interino del Ejecutivo hondureño llegó ahí debido a que el depuesto presidente Manuel Zelaya fue acusado de traición a la patria, por llamar a una consulta para convocar a una Asamblea Constituyente. Pero en 1985 fue Micheletti quien quiso convocar a una constituyente para extender el gobierno del entonces presidente Roberto Suazo Córdoba.

Carlos Dada Enviado especial a Tegucigalpa cartas@elfaro.net Publicada el 09 de julio de 2009 - El Faro

El Faro

Un presidente que quiere extender su mandato contra lo que establece la Constitución. Un llamado a consulta para una Asamblea Constituyente. Una crisis política derivada de lo anterior. Esto ha llevado, en 2009, a la destitución del presidente Manuel Zelaya y a la llegada de Roberto Micheletti al Ejecutivo hondureño.

Esto también fue lo que pasó en 1985 en Honduras, pero entonces era Micheletti quien llamaba a una Constituyente para extender dos años más el período del entonces presidente Roberto Suazo Córdoba.

El 24 de octubre de 1985, varios diputados intentaron introducir una pieza al pleno legislativo llamando a una Asamblea Nacional Constituyente, y para ello solicitaban la suspensión de varios artículos constitucionales, los llamados pétreos, los mismos que ahora le sirven a las autoridades hondureñas para justificar la destitución de Zelaya.

Argumentaban que la Constitución necesitaba una revisión plena, y que el Congreso debería transformarse de inmediato en Asamblea Constituyente “con las facultades y atribuciones que corresponden a un Poder Constituyente”. Justificaban entonces que el Poder Constituyente es el pueblo. “Asimismo pedimos queden en suspenso los artículos 373, 374 y 375 de la Constitución de la República”, justo aquellos correspondientes a la inviolabilidad de la Constitución.

Aquella moción nunca pudo presentarse. Durante la sesión plenaria en la que esta pieza sería presentada, varios diputados llegaron incluso a sacar sus armas de fuego para evitarlo. Porque sabían que esa Constituyente tenía como propósito extender el mandato del presidente liberal Suazo Córdoba. Los nacionales querían destituir a los jueces de la Corte Suprema nombrados por el Ejecutivo, y se desató una crisis política de gran envergadura.

El documento para solicitar la Constituyente, del que El Faro posee una copia, está respaldado por 12 diputados del Congreso Nacional hondureño, entre ellos Roberto Micheletti Bain.

24 años después, Micheletti está instalado en la silla presidencial hondureña tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, acusado de traición a la patria por haber pretendido llamar a una Constituyente, bajo la sospecha de todos los sectores de que buscaba extender su período presidencial.

Carlos Kattán, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, establece las diferencias entre ambos momentos: “Esa crisis no llegó como ahorita, porque (en 1985 el proyecto de decreto) nunca se alcanzó a meter y se quedó en anteproyecto. Ahora sí, había un decreto ejecutivo para llamar a consulta”.

La crisis de 1985 se resolvió, igual que la de esta vez, con la intermediación del ejército. El comandante en jefe telefoneó al Congreso para advertir a los diputados que quienes persistieran con la propuesta serían llevados a juicio por violar la Constitución.

Los dos principales partidos, el Nacional y el Liberal, aceptaron sacar nuevas candidaturas y el proceso terminó con la elección del presidente José Azcona Hoyo. La Constitución, redactada en 1982, sigue vigente en Honduras.

Fuente: Derechos Humanos Golpe de Estado contra el Presidente Zelaya Consecuencias de la impunidad en Honduras

Hasta aquí un extracto del relato que hace el Diario Tiempo de Tegucigalpa, en su edición del 29jun09, del inicio de golpe de estado militar, el primero contra un presidente constitucional desde el que se llevó a cabo el 3 de octubre de 1963 contra el presidente Ramón Villeda Morales, encabezado por Oswaldo López Arellano.

Este golpe de estado desestabiliza, sin lugar a dudas, a países centroamericanos como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que ven renacer el militarismo nacionalsocialista que las Fuerzas Armadas argentinas implantaron entre 1980 y 1984. Casualmente, en Honduras se instaló en la primavera de 1981, proveniente de Guatemala, el centro de comando del "Grupo Exterior de Tareas o Andean Task Force", como llamaban los generales argentinos a esta fuerza que, en realidad, pretendía imitar a los tristemente célebres "Einsatzgruppen" que el partido nacionalsocialista usó en el Este de Europa.

El entonces Coronel Gustavo Álvarez Martínez (egresado del Colegio Militar argentino en 1961) ofreció a William Casey, director de la CIA en aquellos años, una base para hostigar a Nicaragua. La Contra nicaragüense había comenzado su formación en el III Cpo de Ejército argentino a manos de un oficial de nombre Seineldín, posteriormente jefe de los Carapintadas argentinos y guardaespaldas del hombre de la CIA en Panamá, Manuel Noriega, hasta que éste cayó en desgracia. De este entorno surgió la tragedia en Honduras y el accionar del Grupo de Tareas 3-16 dirigido por Billy Joya, los militares argentinos y un virrey llamado John Dimitri Negroponte.

Desde aquel ayer, cerrado con un modelo de impunidad que se pretendía perfecto según los asesores militares y civiles españoles que reemplazaron a las tropas argentinas después de su debacle en la Guerra de las Malvinas, surgen estos fantasmas que no son más que hijos de aquellos guerreros nacionalsocialistas a cuyas espaldas hay que cargar más de 250.000 víctimas producto de sus operaciones de exterminio. Ahora vienen a completar su modelo político reaccionario mezcla de oligarquía, nacionalsocialismo y neofalangismo español.

Carlos Dada Desde Tegucigalpa, Honduras cartas@elfaro.net Publicada el 01 de julio de 2009 - El Faro

Aquí no hubo golpe. Eso es lo que sostienen las autoridades de los tres poderes del Estado hondureño, en plena campaña para convencer al mundo de que lo que pasó aquí el domingo pasado está previsto en la constitución.

“Aquí no hubo golpe de Estado, es una sucesión constitucional”, dijo esta tarde Roberto Micheletti, nombrado por el Congreso para sustituir al depuesto presidente Manuel Zelaya. En una reunión con periodistas extranjeros, Micheletti intentó justificar lo que la comunidad internacional ha llamado claramente un golpe de Estado. “Quisiera que todos los demás países entendieran que no hemos sobrepasado ninguna ley en el país.”

Las autoridades sustentan su versión alegando que el ejército simplemente acató una orden de la Corte Suprema de Justicia para capturar a un presidente acusado de traición a la patria. Se refieren a la orden emitida por el juez Tomás Arita Valle, fechada el 26 de junio y dirigida a dos altos mandos del ejército, en la que solicita la captura de Zelaya y “ponerlo a la orden de la autoridad correspondiente”. Pero en vez de eso, el presidente despertó el domingo rodeado de soldados que lo raptaron y lo enviaron en un avión a San José, Costa Rica.

El Fiscal General Adjunto de Honduras, Roy David Urtecho, admitió hoy que se están haciendo las investigaciones pertinentes para determinar por qué el Ejército violó la ley al poner a Zelaya en un avión en vez de presentarlo a los tribunales. “Hubo hechos que se dieron que no concuerdan con el andamiaje jurídico y se están investigando”, admitió.

Micheletti, en cambio, dijo desconocer la situación. “Eso deberían ustedes preguntárselo a los captores en todo caso. Yo llevo dos días aquí”.

El presidente del Comité de relaciones exteriores del Congreso, Carlos Kattán, habló con El Faro esta mañana, y reconoció que el Ejército “actuó de oficio, con el respaldo del sistema judicial”. En otras palabras, el alto mando del Ejército ordenó a sus soldados que capturaran al presidente Zelaya y decidió por cuenta propia enviarlo en un avión fuera del país. Micheletti, quien ha asumido las funciones del Ejecutivo, dice no saber nada del asunto “porque eso le compete al Tribunal Supremo. Cuando hay un delito flagrante se captura a las personas”.

Hay otro punto que las autoridades hondureñas no pueden explicar: en el Congreso se presentó una renuncia, presuntamente firmada por Zelaya y fechada el 25 de junio de 2009; es decir, un día antes de que la Corte Suprema ordenara su captura y tres antes de que fuera derrocado. En ella, el presidente hondureño manifestaba, entre otras cosas, que “debido a problemas insuperables de salud que me han impedido concentrarme en los asuntos fundamentales del Estado, cumplo con el deber de interponer mi renuncia irrevocable a la Presidencia de la República, junto con la de mi Gabinete de Gobierno, irrevocables a partir de esta fecha”.

Si Zelaya renunció, como alegan quienes apoyaron su salida, ¿por qué fue necesario darle golpe de Estado? “Porque no se dejaba capturar”, responde el diputado Kattán. Aunque repite que esto no es un golpe de Estado. “Yo he estado en países donde ha habido un golpe y veo presencia masiva de militares. Aquí veo normalidad. La clase militar es una clase educada, formada y leal…” -¿A su comandante en jefe? –“Si el comandante les da una orden ilegal no tienen por qué acatarla”. Al día siguiente a su salida forzada de Honduras, cuando comenzó a circular su renuncia, Zelaya mismo desmintió haberla redactado.

Fue el Ejército quien terminó decidiendo la suerte del presidente. A pesar de dos intentonas en el Congreso por ordenar su destitución, que fracasaron por falta de apoyo en los momentos clave. “Yo pensé que ya habíamos conjurado el golpe”, dice Marvin Ponce, diputado de Unión Democrática y un hombre afín a Zelaya. “Pero en esos momentos pensábamos en un golpe político, no uno militar. Ahora sabemos que fue un golpe orquestado por militares jóvenes al mando de Romeo Vázquez, y que su idea original era un golpe militar para quedarse con el poder”.

Vázquez, jefe del Ejército y destituido por Zelaya por negarse a colaborar en una consulta popular para convocar a una asamblea Constituyente, se reunió con Micheletti tres días antes del golpe, según Ponce: “El jueves Romeo Vázquez se reunió con los golpistas. Ese mismo día el presidente del Congreso presentó una pieza para ordenar su restitución. Micheletti se fue al Estado Mayor a negociar con los militares y aparentemente no llegaron a consenso porque Romeo quería dar un golpe militar. Se siguieron reuniendo hasta que lo concretaron el domingo”

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Su versión, al menos en parte, coincide con la del abogado de las fuerzas armadas, el coronel Herberth Bayardo Inestroza, quien reveló al New York Times que la cúpula militar se reunió con Micheletti para discutir la captura del presidente dos días antes del derrocamiento de Zelaya.

“A lo mejor no fue lo más ético cómo se le sacó. Se cometieron algunos errores, pero fue lo más sano”, dice el diputado Carlos Kattán.

La vicepresidenta del congreso, Marcia Villeda, explica que a Zelaya se le sacó del país para evitar un derramamiento de sangre. “A Zelaya se le dio la opción de llevarlo a los Tribunales o al exterior, él escogió irse a Costa Rica”, dice. ¿Quién decidió que se le diera esta opción al presidente? “Supongo que fue el propio ejército”.

La respuesta al mundo

A 48 horas de que venza el plazo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el retorno de Zelaya, hoy España e Italia llamaron a consultas a sus embajadores y el presidente de Estados Unidos Barack Obama confirmó que su país exige el regreso de Zelaya al poder.

Micheletti se aferra a rumores para responder: “Oficialmente no hemos tenido comunicación con la OEA, hemos oído extraoficialmente lo que se dice, pero bienvenida una comisión de la OEA. No podemos hablar con Estados Unidos porque ellos mismos han dicho que no pueden comunicarse con nosotros, pero sí tenemos algunos amigos en Estados Unidos que están haciéndolo. Tengo mucha preocupación porque el presidente Obama nos rechace sin haber escuchado nuestra opinión.”

En plena conferencia de prensa, Micheletti anuncia que su gobierno ha sido reconocido por Israel y Taiwán. ¿Oficialmente? “No lo hemos tenido. Pero los rumores dicen eso. No tengo una confirmación oficial pero los rumores sí vienen acá, y apenas me venga un documento se los entrego.”

http://www.movimientos.org/honduras.php

Los artículos de la Constitución que se encuentran suspendidos son:

Artículo No.69. La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente Artículo No.71. Ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de 24 horas sin ser puesta a la orden de autoridad competente para su juzgamiento. La detención judicial para inquirir no podrá exceder de 6 días contados desde el momento en que se produzca la misma. Artículo No.72. Es libre la emisión de pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Artículo No.78. Se garantizan libertades de reunión y de asociación siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres. Artículo No.79. Toda persona tienen derecho de reunirse con otras pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial. Las reuniones al aire libre y de carácter político podrán ser sujetas a un régimen de permiso especial con el único fin de garantizar el orden público. Artículo No.81. Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia sino en los casos especiales y con los requisitos que la ley señala. Artículo No.84. Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley. Artículo No.99. El domicilio es inviolable, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad.

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